La estrategia de la tensión a través del 11 de Septiembre, el asesinato de JFK y el atentado de Oklahoma City
El atentado de Oklahoma City
Hace poco vi un documental titulado A Noble Lie (Una mentira noble), sobre el atentado perpetrado en Oklahoma City en 1995 [
14]. Por primera vez pude confrontar mis hipótesis con ese atentado perpetrado el 19 de abril de 1995 –y que por lo tanto llamaré 19 de Abril. Ese acontecimiento encaja en mis parámetros de análisis, mucho más de lo que yo hubiese podido imaginar, e incluso los refuerza..
En efecto, el documental A Noble Lie da a conocer grandes similitudes entre los acontecimientos de abril de 1995 y los de septiembre de 2001. El paralelo más evidente es la supuesta destrucción, por fuerzas externas, de un inmueble con estructura de acero reforzado (por un camión lleno de explosivos, en el caso del edificio Murrah, y por los escombros proyectados durante el derrumbe de la torre norte del World Trade Center, en el caso del Edificio 7 [o Building Seven], en 2001). En ambos casos, algunos expertos afirmaron que, en realidad, únicamente cargas explosivas de corte instaladas directamente en las columnas de carga situadas dentro de los edificios habrían podido provocar el derrumbe de estos. Veamos, por ejemplo, un informe entregado al Congreso por Benton K. Partin, general de brigada en retiro de la US Air Force, experto en explosivos no nucleares:
«Cuando vi por primera vez las fotos de los daños asimétricos del camión cargado de explosivos en el edificio federal, mi reacción inmediata fue pensar que era técnicamente imposible generar ese tipo de daños sin poner cargas de demolición suplementarias en varias columnas de carga de hormigón armado. […] Con lo que hoy se sabe sobre el poder y la composición de la bomba, el que la simple explosión de un camión cargado de explosivos pudiese [destruir el edificio] en una profundidad de 18 metros y provocar el derrumbe de una columna de carga de dimensión A-7 es algo que resulta incomprensible.» [
15]
Hoy en día un amplio consenso está apareciendo entre los arquitectos, ingenieros y otros expertos competentes. Según ellos, es muy probable que los tres edificios del World Trade Center que se derrumbaron el 11 de septiembre de 2001 también hayan sido destruidos mediante el uso de cargas explosivas como las que se usan en las demoliciones controladas. [
16]
Las consecuencias jurídicas de gran parte de esos acontecimientos constituyen otra similitud importante. En efecto, la respuesta al atentado de Oklahoma City fue la adopción de laAntiterrorism and Effective Death Penalty Act de 1996, mientras que la respuesta al 11 de septiembre de 2001 fue la aplicación de la COG y el posterior voto de la Patriot Act –a raíz de los atentados de bandera falsa con uso de ántrax. El documental A Noble Lie se concentra en las consecuencias internas de laAntiterrorism Act. Al igual que la Patriot Act, aprobada posteriormente, esa ley instauró importantes restricciones al derecho de habeas corpus, en relación con la manera como lo habían interpretado los tribunales hasta aquel momento. Dicho de otra manera, esas dos leyes implementaron pretextos jurídicos para autorizar las detenciones arbitrarias, lo cual había sido una preocupación central en la planificación de la COG que se había desarrollado en los años 1980 bajo la dirección de Oliver North. Todo esto forma parte de un proceso permanente de restricciones progresivas de nuestros derechos constitucionales por parte de un poder sobre el cual no se ejerce ningún tipo de control –evolución que data, en mi opinión de la época del asesinato de John F. Kennedy, en 1963.
Sin embargo, la Antiterrorism Act de 1996 tuvo también importantes consecuencias en el extranjero, sobre todo por el hecho que la sección 328 de esa ley enmendó la Foreign Assistance Act para apoyar
«la ayuda en armas y municiones a algunos países en particular, con vistas a combatir el terrorismo [
17]. Eso condujo a la creación, en 1997, de un acuerdo de enlace «Top Secret» entre el Centro de Contraterrorismo de la CIA (CTC, siglas de Counterterrorism Center) y Arabia Saudita, seguido de un acuerdo posterior concluido en 1999 entre la CIA y Uzbekistán (que son hoy en día dos de los regímenes más secretos y represivos del mundo).» [
18]
Yo he sostenido que esos acuerdos de enlace confidenciales –concluidos con Arabia Saudita y Uzbekistán– pudieron servir a la CIA de cobertura para organizar su retención de información secreta antes del 11 de septiembre de 2001. Esa disimulación de información de inteligencia tenía que ver con Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, dos de los individuos designados como culpables de aquellos ataques [
19].
Por consiguiente, si es correcto mi análisis sobre la retención de información que la CIA organizó entre 2000 y 2001, el 19 de abril no sólo presenta similitudes con los ataques de septiembre de 2001. Este atentado de 1995 constituye en realidad una etapa determinante en el proceso que hizo posible tanto la nueva retención de información como los hechos mismos del 11 de septiembre de 2001.
El recrudecimiento de los poderes represivos a raíz de los acontecimientos profundos
El hecho que el 19 de abril tuviese consecuencias jurídicas de carácter represivo vincula ese acontecimiento tanto al 11 de septiembre como al 22 de noviembre, ya que el asesinato de JFK fue utilizado por la Comisión Warren para ampliar la vigilancia de la CIA sobre los propios estadounidenses. Como escribí en mi libro Deep Politics, eso fue resultado
«controvertidas recomendaciones de la Comisión Warren que impusieron que se ampliaran las responsabilidades del Secret Service en materia de vigilancia interna (WR 25-260. Paradójicamente, esta última concluyó que Oswald había actuado solo (WR 22), pero también [concluyó] que el Secret Service, el FBI y la CIA tenían que coordinar más estrechamente la vigilancia sobre los grupos organizados (WR 463). En particular recomendó al Secret Service que se dotara de una base de datos informatizada compatible con la que ya había elaborado la CIA.» [
20]
Durante la guerra contra Vietnam que se produjo posteriormente, esta implicación de la CIA en la vigilancia interna condujo a la operación Caos. Se trataba de una investigación sobre el movimiento contra la guerra de Vietnam durante la cual la CIA, a pesar de las restricciones que le imponía su propia Carta en materia de espionaje interno,
«acumuló miles de expedientes sobre los ciudadanos de Estados Unidos, incluyó a cientos de miles de estos en sus archivos informáticos y distribuyó al FBI y a otras agencias gubernamentales miles de informes sobre ellos. Parte de esa información tenía que ver con las actividades internas de los ciudadanos en cuestión». [
21]
Este proceso de recrudecimiento represivo se repetirá 4 años más tarde a raíz del asesinato de Martin Luther King, en 1968. En respuesta a ese acontecimiento, 2 brigadas del ejército estadounidense se desplegaron en los propios Estados Unidos hasta 1971. Esas unidades estuvieron en estado de alerta permanente, listas para intervenir en el marco de la operaciónGarden Plot, cuyo objetivo era contrarrestar posibles desórdenes internos.
Ce processus de durcissement répressif se répétera quatre ans plus tard, suite à l’assassinat de Martin Luther King en 1968. En réponse à cet événement, deux brigades de l’US Army furent déployées aux États-Unis jusqu’en 1971. Placées en état d’alerte permanent, elles étaient en position d’intervenir dans le cadre de l’opération Garden Plot, qui était destinée à contrer d’éventuels troubles intérieurs. [
22]
Ese esquema se repetirá nuevamente con
«El asesinato de Robert Kennedy [conocido también como RFK o Bobby]. En las 24 horas transcurridas entre los disparos de los que Bobby fue víctima y su posterior deceso, el Congreso adoptó con carácter urgente una ley que había sido redactada desde mucho antes (como sucedió con la Resolución del Golfo de Tonkín en 1964 y con la Patriot Act en 2001 –ley que ampliaba nuevamente los poderes secretos delSecret Service, en nombre de la protección de los candidatos a la presidencia.» [
23]
Y no se trataba de un cambio insignificante: aquella ley votada apresuradamente bajo [el presidente] Johnson dio lugar a algunos de los peores excesos de la época de Nixon [
24].
Ese cambio contribuyó igualmente al caos y a los actos de violencia que marcaron la Convención Demócrata de 1968, en Chicago. Agentes de vigilancia de la Inteligencia Militar destacados en el Secret Service operaban dentro y fuera de la sala del encuentro. Algunos de ellos equiparon a los «delincuentes de la Legion of Justice, como la Chicago Red Squad [que] agredió a los grupos locales que se oponían a la guerra». [
25]
Otras similitudes entre Dallas en 1963 y Oklahoma City en 1995
Las consecuencias represivas del 22 de noviembre y del 19 de abril están vinculadas a otras características comunes de esos dos acontecimientos. Casi inmediatamente después del 22 de noviembre, comenzaron a difundirse varios relatos provenientes de fuentes tanto internas como externas al gobierno. Aquellos relatos sugerían que Lee Harvey Oswald había asesinado al presidente [Kennedy] en el marco de un complot comunista internacional.
En mi libro Deep Politics and the Death of JFK los designé como «relatos primarios», que se inscribían en
«un proceso en 2 fases. La “fase primaria” consistía en agitar el espectro de un complot internacional vinculando a Oswald con la URSS, con Cuba o con esos dos países a la vez. Esa amenaza fantasma sirvió para invocar el peligro de un posible enfrentamiento nuclear, lo cual incitó al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos Earl Warren y a otros responsables políticos a aceptar la “fase secundaria” –la hipótesis también falsa (pero mucho más inofensiva) de que Oswald asesinó al Presidente él solo. […] El relato primario […] fue expuesto primeramente y posteriormente desmentido por la CIA. Michael Beschloss reveló que el 23 de noviembre a las 9 horas y 20 minutos, el director de la CIA John McCone informó al nuevo presidente sobre los últimos sucesos. Según las palabras de Beschloss, la “CIA tenía información sobre los contactos extranjeros de Lee Harvey Oswald, el presunto asesino [de JFK], que sugería [al Presidente Lyndon B. Johnson] que Kennedy podía haber sido víctima de una conspiración internacional.”» [
26]
Hasta ahora, tanto los relatos primarios como los secundarios han ocupado un lugar central en el tratamiento del 22 de noviembre por parte de los medios dominantes. Sin embargo, esos medios prácticamente han excluido los análisis independientes que consideran ese asesinato como un acontecimiento profundo.
Muchos observadores han olvidado el hecho que después del 19 de abril también hubo un proceso en dos fases. Inmediatamente después del atentado, y también un poco más tarde, se produjo la difusión de cierto número de relatos. Estos vinculaban a Timothy McVeigh y Terry Nichols con varios iraquíes así como con otros individuos originarios del Medio Oriente. Entre las personas mencionadas se hallaba Ramzi Yusef, el fugitivo autor del atentado con bomba de 1993 contra el World Trade Center (quien también utilizó una bomba fabricada con nitrato de amonio [ANFO] en una camioneta de marcaRyder) [
27]. El presidente Clinton y Richard Clarke, su coordinador para el contraterrorismo, confirmaron que el 19 de abril se habló de varios de esos relatos en una reunión del Grupo de Seguridad Antiterrorismo (Counterterrorism Security Group) [
28]. Tanto Clinton como Clarke dijeron también que habían descartado aquellas versiones porque pensaban que se trataba de un complot local de menor envergadura ejecutado por los dos culpables ya mencionados: Timothy McVeigh y Terry Nichols. Sin embargo, los relatos que mencionaban una implicación del Medio Oriente, atribuidos a veces a fuentes gubernamentales, siguieron apareciendo en los medios de la prensa dominante, como CBS, NBC y el New York Times [
29].
En el mismo momento, Jayna Davis, periodista de la NBC en Oklahoma City, puso todo su empeño en las búsqueda de indicios de un complot local iraquí y los reunió en su libro The Third Terrorist (El tercer terrorista). Sus pruebas, del orden de la «fase primaria» estaban centradas en la búsqueda inicial de un sospechoso anónimo designado como John Doe #2. Esa búsqueda, que se suspendió rápidamente, había sido emprendida a raíz de una alerta cursada a todas las unidades. Posteriormente, el miembro del Congreso Dana Rohrabacher utilizó la investigación de Jayna Davis en la elaboración de un informe al Congreso [
30].
En el plano institucional, Richard Clarke escribió que, además de la Antiterrorism Act, el atentado de Oklahoma City provocó una profusión de Directivas de Decisión Presidencial de carácter interno (PDD, siglas de Presidential Decision Directive), que él mismo redactó. Una de ellas buscaba corregir una falla de seguridad en la respuesta a aquel atentado. Otra directiva le confería [al propio Clarke] más amplios poderes en materia de lucha contra el terrorismo, incluyendo su nuevo título de Coordinador Nacional de Seguridad, Protección de la Infraestructura y Antiterrorismo. Otras dos directivas –la PDD 62 y sobre todo la PDD 67– preveían instaurar lo que él llamó «un sistema de mando y control [más] robusto» para «nuestro programa de Continuidad del Gobierno [COG]». Según Clarke, «se había autorizado el desmantelamiento [de la COG] cuando desapareció la amenaza de un ataque nuclear soviético» [
31].
Esas palabras nos recuerdan el artículo de Tim Weiner publicado en el New York Times en abril de 1994. Según Weiner, en la época postsoviética del presidente Clinton, «el Proyecto Juicio Final […] tal como se conocía» había sido desmantelado ya que se habían disipado «las tensiones nucleares» de la guerra fría [
32].
En otras palabras, el presidente Clinton había previsto poner fin al Proyecto Juicio Final, dirigido por un comité extragubernamental secreto que incluía a Donald Rumsfeld y Dick Cheney, quienes no ejercían en aquel momento ninguna función gubernamental. Pero Richard Clarke utilizó el atentado de Oklahoma City para justificar que se mantuviera ese programa, incluso reforzándolo y poniéndolo bajo su propio control.
Según el autor Andrew Cockburn, se había encontrado un nuevo blanco:
«A pesar de que los ejercicios continuaron bajo la era Clinton, con un presupuesto anual de más de 200 millones de dólares, los ya desaparecidos soviéticos fueron reemplazados por terroristas […] Hubo además otros cambios. Anteriormente, los especialistas seleccionados para dirigir el “gobierno de la sombra” habían sido escogidos en el conjunto del espectro político, tanto demócratas como republicanos. En lo adelante, dentro de los bunkers, [Cheney y] Rumsfeld se [verían] en compañía de sus simpatizantes políticos, ya que la lista de “jugadores” se componía casi exclusivamente de halcones republicanos. “Era una manera de que aquella gente se mantuviese en contacto. Se reunían, hacían ejercicio y hablaban mal de la administración Clinton, lo peor posible”, según me reveló un ex oficial del Pentágono que conocía el fenómeno directamente. “Podía decirse que era un gobierno secreto en espera de su momento.”» [
33]
Por supuesto, el hecho de que el 19 de abril fuese seguido de un refuerzo del Proyecto Juicio Final no basta para confirmar mi tesis, según la cual ese programa de la COG fue un factor determinante en la planificación y ejecución de los acontecimientos profundos estructurales en Estados Unidos [
34]. Pero mi descripción de esos casos permite observar otras características recurrentes, que vuelven a aparecer en el caso de Oklahoma City.
El primer atentado contra el World Trade Center, en 1993
La primera de ellas es el papel central atribuido a culpables designados en las versiones oficiales de esos acontecimientos, cuando se sabe que eran muy probablemente informantes del gobierno o agentes dobles [
35]. El ejemplo más reciente que más se ha documentado es quizás la utilización y la protección, por parte del gobierno de Estados Unidos, de Ali Mohamed, un importante cuadro de al-Qaeda que operaba como doble agente en el seno de esa organización; esa protección le permitió entrenar a varios de los autores del atentado cometido en 1993 contra el World Trade Center, con el uso de un camión-bomba y contribuir posteriormente a la planificación del atentado con bomba contra la embajada de Estados Unidos en Kenya [
36].
En la edición de mi libro The War Conspiracy correspondiente al año 2008, sugerí la posibilidad de que Lee Harvey Oswald y otros culpables designados del 11 de septiembre de (Ali Mohamed, Nawaf al-Hazmi y Khaled al-Mihdhar) hayan sido en realidad agentes dobles que trabajaban para una agencia del gobierno estadounidense, como el FBI o la inteligencia militar (DIA, siglas de Defense Intelligence Agency) [
37]. Otros autores han sugerido que Oswald era cuando menos un informante del FBI y Lawrence Wright escribió en The New Yorker que al ocultar al FBI los nombres de al-Hazmi y de al-Mihdhar, «la CIA también pudo haber protegido una operación en el extranjero y, por lo tanto, temer que el FBI revelara [esa operación]» [
38].
En ese contexto, mientras miraba el documental A Noble Lie, vi con gran interés la hipótesis según la cual Timothy McVeigh, el principal culpable designado del 19 de abril, pudiera ser también un informante o un doble agente que trabajaba para el US Army [
39]. Por supuesto, esa hipótesis aún no ha sido demostrada, pero el documental aporta pruebas que la corroboran.
El atentado de Oklahoma City
y la operación PATCON
Lo que sí es seguro es que McVeigh –al igual que Oswald, al-Hazmi y al Mihdhar– se movía en un medio de informantes identificados y/o agentes dobles, que participaban en una importante operación secreta. En el caso de Oswald y de los dos sauditas, esta particularidad pudiera explicar por qué el gobierno de Estados Unidos se dedicó continuamente a ocultar hechos cruciales sobre ellos, tanto antes como después de los crímenes que se les imputan, ocultamientos que incluso prosiguen actualmente. [
40]
En 2005, el excelente investigador John M. Berger descubrió que, en los años 1990, el FBI realizó una importante operación de contraespionaje, bautizada PATCON (por «Patriot-conspiracy»). En aquel marco, el FBI había investigado sobre el medio de Timothy McVeigh. Se trataba de la ultraderecha armada, a la que Berger describió de la siguiente manera:
«un conjunto muy heterogéneo de activistas y extremistas de derecha, racistas, ultralibertarios y/o partidarios de las armas, quienes, al cabo de los años, encuentran una causa común en sus temores y sospechas sobre el gobierno federal. Aunque los agentes infiltrados [del FBI] se reunieron con algunos de los peores elementos de ese movimiento, su trabajo nunca condujo ni a un solo arresto. Cuando apareció McVeigh en medio de aquella investigación, en 1993, nadie se fijó en él.» [
41]
La operación PATCON prestó mucha atención a un antiguo pilar de la red ilegal de Oliver North, que había sido utilizada para proveer armas a los Contras en Nicaragua. Se trataba de Tom Posey y de su grupo paramilitar, la CMA (siglas de Civilian Material Assistance). Según Paul de Armond, aquella organización había comenzado sus actividades en los años 1980 como «complemento del Ku Klux Klan de Alabama» [
42]. La CMA participó primeramente en el esfuerzo de aprovisionamiento de la DIA a los Contras, tarea que pasó después a las manos de Oliver North. Las patrullas «benévolas» [En el sentido de “no remuneradas”. Nota del Traductor.] de esa organización contra los inmigrantes clandestinos en la frontera de Arizona convencieron al entonces congresista John McCain para que ocupara un puesto en su consejo de administración [
43]. Sin embargo, en el periodo post Reagan, «Posey era un comerciante de armas muy conocido en el mercado negro, sospechoso de tener fuentes de contrabando en varias bases del US Army», según los investigadores de PATCON. [
44]
Tanto en el asesinato de JFK como en el 11 de septiembre me parece evidente que las disimulaciones posteriores a esos complots se deben a que fueron hábilmente planificadas para quedar englobadas en operaciones clandestinas autorizadas, de manera que se mantuviesen en secreto después de los hechos. El importante ensayo sobre la operación PATCON que publicó John Berger en Foreign Policy no sugiere en ningún caso la existencia de algún vínculo entre el plan de McVeigh y esa operación del FBI. Sin embargo, en un momento de su investigación, Berger señala que Dennis Mahon, socio de McVeigh y también blanco importante de PATCON,
«se convertirá en una figura célebre en los medios que proclaman la superioridad de la “raza blanca” y fue condenado en febrero [de 2005] por el envío de un paquete postal explosivo a un dirigente de la diversidad en el Estado de Arizona en 2004. A raíz de su arresto, durante el año 2009, Mahon dijo a su compañero de celda que él era “el tercer anónimo en la investigación sobre el bombazo de Oklahoma City”.»
En otras palabras, Dennis Mahin se identificó a sí mismo comoJohn Doe #2.
En su sitio web Intelwire.com, Berger escribió que «Mahon [declaró] haberse codeado con McVeigh en el pasado». Berger deduce de eso que «partiendo de esos comentarios y de ciertas informaciones, es por lo menos plausible que Mahon haya estado implicado en el atentado [de Oklahoma City]» [
45]. «La otra prueba» que menciona Berger es el testimonio de Carol Howe, informante de la ATF [Agencia de Alcohol, Armas de Fuego y Tabaco, siglas en inglés. NdT.] dado a conocer primeramente por Jayna Davis y posteriormente por el congresista Dana Rohrabacher. Según ese testimonio, «Mahon habló de cometer atentados con bombas contra edificios federales [antes del 19 de abril]. […] [Además,] viajó 3 veces a Oklahoma City [con Andre Strassmeir, un contacto de Timothy McVeigh].» [
46]
Mahon ha sido descrito como un hablador con tendencia a la autoglorificación. A pesar de todo, es evidente que las nuevas pruebas que se han conocido a raíz de la investigación PATCON deberían inducirnos a estudiar mejor el contexto del atentado de Oklahoma City. En efecto, sólo algunos iniciados estaban al tanto de esa operación secreta, realizada por el FBI entre 1991 y 1993.
¿Fue el atentado de Oklahoma City una «encerrona que salió mal»?
Aunque la operación PATCON terminó oficialmente en 1993, sus expedientes nos han permitido saber que numerosos informantes del FBI residían permanentemente en la comunidad de Elohim City, Oklahoma. Es muy probable que entre ellos se encontrasen no sólo Carol Howe sino también Andre Strassmeir, el contacto de Timothy McVeigh anteriormente mencionado [
47]. La falta de respuesta de las autoridades a los informes sobre un proyecto de atentado con bomba fortalece la hipótesis –emitida en el documental A Noble Lie– de que el complot del 19 de abril pudo haber sido inicialmente una trampa policial en contra sus autores. Su mortífero desenlace parece el resultado de una «encerrona que salió mal».
De confirmarse esta hipótesis, la similitud entre el 19 de abril y el primer atentado contra el World Trade Center, en 1993, resultaría mayor aún. Según el relato oficial, aquel ataque también fue planificado por un grupo terrorista ya penetrado por el FBI, grupo que también utilizó una bomba de ANFO en una camioneta alquilada marca Ryder. Este vehículo también fue identificado gracias a su número de identificación vehicular (NIV), encontrado en un fragmento metálico. [
48]
Veamos lo que reportó el New York Times, después del atentado de 1993, basándose en grabaciones de interrogatorios entre un informante y su contacto del FBI:
«Se reveló a los funcionarios de las fuerzas del orden [el FBI] que varios terroristas estaban preparando una bomba, que fue finalmente utilizada contra el World Trade Center. Se consideró [la posibilidad de] contrarrestar a los malhechores sustituyendo secretamente los explosivos por un polvo inofensivo, declaró un informante después del atentado. Este [informante] supuestamente debía ayudar a los malhechores a fabricar la bomba y les proporcionaría la pólvora falsa, pero aquel plan fue anulado por un supervisor del FBI que tenía otras ideas sobre la manera de utilizar al informante, [llamado] Emad A. Salem.» [
49]
Ese relato del New York Times sobre el atentado de 1993 contra el World Trade Center describe claramente un proyecto terrorista eficazmente penetrado por el FBI y que, por una razón desconocida, tuvo de todas formas un trágico desenlace. Un solo caso de operación de penetración «que salió mal» en 1993 puede atribuirse a la confusión, a la incompetencia burocrática o a la dificultad de determinar el momento en que las fuerzas del orden disponen ya de suficientes pruebas para justificar los arrestos. La repetición de esa catástrofe 2 años más tarde ya debe llevarnos a tratar de saber si aquel mortífero desenlace no fue en realidad el resultado que realemente se esperaba obtener.
Ante la inacción gubernamental que antecedió los hechos del 11 de septiembre –a pesar de que la CIA conocía a los presuntos secuestradores aéreos–, el atento estudio de esos asesinatos en masa refuerza la necesidad de la denuncia ante la Corte Penal Internacional que propone el juez [italiano] Ferdinando Imposimato (actual presidente honorario de la Corte de Casación italiana). Según [Imposimato], el 11 de septiembre fue «una repetición de la “estrategia de la tensión” que la CIA aplicó en Italia» entre los años 1960 y 1980 [
50]. A pesar de todo, puedo entender que para una mayoría de estadounidenses sea a la vez difícil y doloroso enfrentar la idea de que la Historia de su país haya sido manipulada y desestabilizada a escala sistémica por fuerzas desconocidas, como sucedió en Italia hace medio siglo. Pero a medida que profundizo mis investigaciones, sigue fortaleciéndose mi convicción de que hay que tomar en cuenta el veredicto del juez Imposimato.
Por otro lado, si la analogía italiana es aplicable a Estados Unidos, la apreciación de que el 11 de septiembre fue «una repetición de la “estrategia de la tensión” aplicada […] en Italia» nos conduce a una interrogante todavía más amplia sobre el conjunto de acontecimientos profundos estructurales aquí estudiados, en particular en cuanto a los atentados con bombas de 1993 y 1995. ¿Eran esos acontecimientos resultado de una misma estrategia de la tensión permanente? Es demasiado pronto para contestar esa pregunta. Pero podemos al menos observar que los atentados de 1993 y 2001 contra el World Trade Center muestran las características de un origen común, a la vez fuera del gobierno (el presunto «cerebro» Khaled Cheikh Mohammed y el informante Ali Mohamed) y potencialmente en el seno mismo del aparato estatal, a la luz de las disimulaciones persistentes y complementarias alrededor de ambos casos. [
51]
Por el contrario, y de forma previsible, todos los acontecimientos profundos estructurales que he analizado hasta este momento son tratados en los medios dominantes como acciones de marginales exteriores al gobierno –un «loco aislado» como Lee Harvey Oswald o un «lobo solitario» como Timothy McVeigh. Los puntos comunes, que ya he presentado, entre esos acontecimientos sugieren la necesidad de un análisis diferente. Dicho de otra manera, algunos iniciados –entre ellos responsables de los servicios de inteligencia y otros funcionarios gubernamentales–, al igual que personas exteriores –incluyendo informantes y agentes dobles– deben ser considerados como responsables de la repetida concepción de complots que, debido a sus conexiones con operaciones clandestinas aprobadas por el Estado, no serán dados a conocer por las autoridades.
Mi análisis identifica a esos iniciados como miembros de un medio, informe y no estructurado pero que perdura, que vincula a las redes secretas que se mueven dentro del aparato del Estado con otras poderosas fuerzas dentro de nuestra sociedad. A pesar de mis propias reticencias iniciales, al no hallar una expresión más apropiada acabé decidiéndome a denominar ese medio como el «Estado profundo» [
52]. Sin embargo, como ya señalé anteriormente al referirme a Italia, no considero que ese concepto pueda explicar esos misteriosos crímenes. El «Estado profundo» designa sin embargo un medio sobre el cual habría que investigar mucho más.
Un análisis alternativo de los acontecimientos profundos:
Los Crímenes del Estado contra la Democracia (CED)
Ahora voy a comparar mi propio análisis con otras dos lecturas diferentes. La primera es la noción de «gobierno secreto», presentada en 1987 por Bill Moyers en un importante programa de televisión del canal PBS. [
53]
Aquel programa subrayaba, con toda razón, el peligroso aumento del poder de las agencias clandestinas –principalmente de la CIA– a partir [de la proclamación] de la National Security Act de 1947. Aquel programa de televisión analizaba principalmente los crímenes del Irángate para mostrar así qué es un gobierno secreto, que escapa a las restricciones legales y a todas las demás limitaciones jurídicas que imponen la Constitución y el Estado público.
Según lo dicho en el programa de Moyers,
«El Gobierno Secreto es una compleja red de complicidades en la que se reúnen funcionarios, espías, mercenarios, ex generales, oportunistas y grandes patriotas. Por diferentes razones, esos individuos operan fuera de las instituciones legítimas del gobierno.»
En otras palabras, aquel programa se refería a «la Empresa». Se trata de la operación que utilizaron Oliver North, sus respaldos externos y sus aliados del buró ejecutivo Eisenhower para montar el tráfico conocido como Irán-Contras, así como otras políticas violatorias de la ley y/o las directivas del Congreso. Como ya he demostrado en otros trabajos, Oliver North utilizó la red antiterrorista de crisis llamada Flashboard para concretar aquellas políticas. En sus inicios, aquella costosa red se había creado en el marco del Proyecto Juicio Final [
54]. Al actuar de esa manera, North «cubría» su operación ya que llevaba a cabo su programa ilícito y criminal a través de aquella red secreta autorizada, [utilizándola] fuera del marco que había sido asignado a aquel instrumento.
En 1987, aquel análisis logró llegar a darse a conocer a través de la televisión porque una parte del gobierno de Estados Unidos estaba en guerra con la otra parte. Aquel conflicto interno enfrentaba al director de la CIA William Casey no sólo con el Congreso sino también con oficiales de alto rango en el seno de la propia CIA [
55] El programa de Moyers era parte de una serie de filtraciones de iniciados y de revelaciones de los medios dominantes sobre la operación no registrada bautizada «Enterprise». Oliver North –teniendo en segundo plano al director de la CIA William Casey– había utilizado esa operación para violar las leyes y políticas oficiales [
56]. En resumen, el desafío de Tom Moyers a los «guerreros» de Cassey y de North correspondía a los objetivos de la CIA tradicional (y de sus patrocinadores habituales, o sea los «comerciantes» de Wall Street. [
57]
No resulta por lo tanto sorprendente que aquel programa no abordara ni el papel del vicepresidente Bush –quien era entonces el superior de Oliver North– ni los intereses que podían llevar a las transnacionales a promover las operaciones clandestinas de la CIA en todo el mundo (como, por ejemplo, la operación –mucho más importante– que la CIA estaba realizando en Afganistán en los años 1980). Lo principal es que tampoco se dijo en aquel programa de televisión ni una palabra sobre la planificación de la «suspensión de la Constitución de Estados Unidos». desarrollada por el propio Oliver North en el marco del Proyecto Juicio Final, aunque ese plan había sido mencionado brevemente durante las audiencias sobre el Irángate, en 1987 [
58]. Al guardar silencio sobre ese proyecto, los realizadores de aquel programa de televisión cometieron el error de no mencionar la planificación permanente que, en mi opinión, permitió concretar los planes de la COG a través del 11 de septiembre y de la Patriot Act. En resumen, el ataque de Moyers contra el gobierno secreto se limitaba en gran parte a lo que ya se sabía. Así que Moyers no se aventuró a entrar en el terreno de la política profunda.
Más recientemente, el profesor Lance deHaven-Smith propuso el concepto de Crímenes de Estado contra la Democracia (CED o SCAD [siglas en inglés] de State Crimes Against Democracy). Algunos de mis amigos han retomado ese concepto dentro del movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre, entre ellos Peter Phillips y Mickey Huff. El profesor deHaven-Smith clasifica como CED «acciones o inacciones concertadas entre miembros del gobierno [,] destinadas a manipular los procesos democráticos y a sabotear la soberanía popular». [
59]
Una de las grandes ventajas de la hipótesis de los CED es que, contrariamente a lo que ha sucedido con mi trabajo, varias revistas académicas han hablado de ella –rompiendo así una especie de «barrera del sonido». Pero la expresión «crímenes de Estado» me plantea un problema. Por un lado, yo diría que el Estado, o algunos de sus componentes, son a menudo víctimas de los acontecimientos profundos, como el 19 de abril y el 11 de septiembre. Por otro lado, yo veo fundamentalmente al Estado como un garante de la democracia y no sólo como un enemigo de ella.
Estoy de acuerdo con el hecho que algunos miembros del gobierno desempeñan, en efecto, un papel importante en esos acontecimientos e incluso he analizado a algunos en los párrafos anteriores. Pienso, sin embargo, que es engañoso atribuir esos crímenes al Estado en su conjunto. En efecto, si un empleado de banco abre la puerta a un grupo de asaltantes, el resultado será un asalto, pero no realizado por el banco aunque puede calificarse de «complot interno».
El análisis de los CED es mucho más útil y complejo de lo que puedo explicar aquí y seguiré aprendiendo de quienes lo desarrollan. Pero esta teoría no tiene que ver con la política profunda. La lista de CED elaborada por el profesor deHaven-Smith incluye «las guerras secretas en Laos y Cambodia» que, más que acontecimientos, son dos decisiones políticas sobre las que sabemos que fueron tomadas en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Aunque en aquella época eran operaciones clandestinas y más que seguramente ilegales, nada tenían de misteriosas cuando se dieron a conocer. Por su naturaleza no eran verdaderamente «profundas».
En mi opinión, la presentación de los CED como una lucha entre el Estado y la democracia simplifica demasiado ambos conceptos y subestima sus contradicciones internas, contrariamente al programa de televisión de Bill Moyers. Después de todo, la democracia es una forma de Estado en la que la libertad y las prerrogativas del pueblo están constitucionalmente garantizadas por las autoridades estatales (o por lo que yo llamo el Estado público). Al menos uno de los CED analizados por el profesor deHaven-Smith –el asesinato de JFK– debería ser considerado más lógicamente como un crimen perpetrado en contra del Estado, más que por el Estado.
Peter Phillips y Mickey Huff parecen reconocer ese problema. Ellos no incluyen el asesinato de JFK en su lista de CED [
60]. Sin embargo, esa omisión da lugar a una distinción artificial entre ese homicidio y otros acontecimientos profundos –como los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy– que son, en mi opinión, síntomas de un mismo síndrome.
En resumen, estoy convencido de la importancia crucial de una distinción que no aparece en el análisis de los CED. Se trata de la diferencia entre el Estado público –ostensiblemente dedicado a favorecer el bienestar, los derechos y las prerrogativas del pueblo– y esa banda de poderes no oficiales que se mueven tanto dentro como fuera del gobierno, lo que de forma poco hábil he llamado el Estado profundo. A lo largo de medio siglo, este ha venido debilitando el poder civil progresista y persuasivo. Poco a poco ha ido reemplazándolo por un poder violento, autónomo, extraconstitucional e irrestricto.
Mi última objeción al análisis de los CED es de carácter práctico. En efecto, si el Estado es el autor de esos crímenes, el trabajo de los críticos debe consistir en movilizar contra él a la opinión pública. Lo cual hace el juego a las políticas libertarianas de quienes –como Alex Jones y otros ardientes defensores de la Segunda Enmienda– sienten una profunda desconfianza hacia el Estado público en su conjunto y no sólo hacia sus agencias clandestinas. El análisis del profesor deHaven-Smith no implica solamente a estas últimas sino a todo el gobierno de los Estados Unidos, y quizás incluso a los tribunales en particular. (En respaldo a esa acusación señala el acto inhabitual de la Corte Suprema que, en 2000, puso a George W. Bush en la presidencia, con 5 votos a favor y 4 en contra.)
Sin embargo, una estrategia cuyo objetivo es atacar al Estado en su conjunto me parece un ejemplo de política derrotista. Sobre ese aspecto podemos aclarar, una vez más, nuestras ideas mediante el estudio de la estrategia de la tensión aplicada en Italia, que constituye una tenebrosa historia de terrorismo ciego con un desenlace más feliz. En efecto, los atentados con bombas perpetrados en Italia dejaron de producirse, después del atentado de la estación de Bolonia, en 1980. Este cese de la violencia se debió a una serie de investigaciones enérgicas y valientes, realizadas primeramente por periodistas, después por comisiones parlamentarias y, finalmente, por los tribunales como el que dirigió el juez Imposimato, que también investigó el asesinato del primer ministre italiano Aldo Moro y el intento de asesinato contra el papa Juan Pablo II. No fue fácil lograr el triunfo de la verdad ante la violencia. Periodistas, parlamentarios y por lo menos un juez lo pagaron con la vida. Pero fue una clara victoria de algunos contrapoderes oficiales contra una parte del Estado.
El ejemplo italiano demuestra que las fuerzas oscuras que se mueven tras una estrategia de la tensión no son invencibles. Sugiere también que, para vencer al Estado profundo, la sociedad civil tendrá que aliarse a los sectores del Estado que pudieran ser finalmente movilizados para favorecer la búsqueda de la verdad.
Si este ensayo contribuye a que se alcance ese objetivo, ello querrá decir que otras personas habrán seguido las pistas investigativas definidas en este trabajo. No pretendo llegar a comprender yo solo la verdad sobre esos acontecimientos profundos estructurales. Pero sí espero haber logrado señalar algunas de las direcciones que deberían seguir las futuras investigaciones.
Peter Dale ScottTraducción
El atentado de la Piazza Fontana
La estrategia de la tensión
