El espectador comprometido
Y… ¿para cuándo la reforma de las pensiones?
La parte buena del escándalo producido por la pensión al señor Ivanhoe Ng Cortiñas es que ha puesto sobre el tapete el asunto de las pensiones públicas en el país. Es sabido que las pensiones otorgadas por el Estado dominicano o que a fin de cuentas tiene que asumir el erario público requieren de una urgente y sabia reglamentación que evite situaciones como en las que el señor Ng se vio envuelto.
Casos como el suyo abundan y quizás son demasiados los que disfrutan de pensiones tan lujosas que ningún Estado con una organización racional de sus recursos se puede permitir. En República Dominicana no siempre se exige un determinado periodo de tiempo mínimo cotizado para jubilarse, ni se requiere haber alcanzado un umbral de edad para ello, ni hay un monto máximo establecido que nunca se puede sobrepasar en el montante de las pensiones públicas percibidas.
Y sin embargo, esa desorganización administrativa exige ya una puesta en orden que beneficie al conjunto de los servidores públicos, sea en la administración pública, propiamente dicha, como en sus organismos autónomos que presupuestariamente dependen del Estado.
Una reforma o reglamentación de las pensiones al tocar intereses va a provocar reacciones muy diversas y enconos de los que se sienten satisfechos con la situación existente. Porque simplemente se benefician de ella. Y soy de los que creo que aquí no vale la práctica, injusta y antisolidaria, del borrón y cuenta nueva y de reconocimiento de “derechos adquiridos”, simplemente porque no hay ningún derecho al expolio de los recursos del Estado, por haber tenido una situación de notoriedad y haberse sabido aprovechar de ella en un momento determinado.
La seguridad jurídica no puede ser un principio argüible para asegurar situaciones de privilegio en detrimento de miles de condenados al expolio indirecto de un derecho adquirido y no reconocido por dejadez, impudicia o simple abuso de poder. Caso de los miles de trabajadores de la caña. La pensión de Ng era el equivalente mensual a la de unos 157 pensionistas de 5000 pesos.
Dicho lo anterior, lo que debe solicitarse es que se fije por ley un montante máximo que ningún pensionista debe superar en el devengo de una pensión de jubilación por parte del Estado. En España, por ejemplo, la misma no supera los aproximadamente 3000€ (unos 153 mil pesos dominicanos al cambio actual, más o menos). Se trata, de aquellos cotizantes del grupo que tiene una cotización mensual más elevada, ya que hay otros grupos que cotizan menos y cuya pensión máxima, naturalmente es mucho más baja que la citada.
Ahora bien, para poder disfrutar de esa pensión máxima se necesita haber cotizado a la seguridad social o a una mutualidad de funcionarios del Estado, 35 años, y ahora se ha ampliado a 37 años. Pero hay más, hay que haber cumplido 65 años de edad. Si alguien se jubila antes de esa edad –jubilación anticipada-, se le hace un porcentaje de descuento en su pensión que desestimula pedirla.
Y lo mismo ocurre si aunque se haya alcanzado la edad requerida (65 años), no se ha cotizado por la totalidad de los años establecidos para obtener la pensión máxima. De manera que hay coeficientes que son aplicados en esos casos (jubilación anticipada antes de llegar a la edad reglamentaria de jubilación, y, no haber cotizado la totalidad de años requeridos), que disminuyen de manera significativa el montante de pensión a recibir.
Todo ello está basado en un principio de solidaridad. Que cumplidos esos requisitos todos puedan tener una pensión contributiva (las que se pagan a quienes han cotizado durante su vida laboral), y que se pueda atender los casos más flagrantes de necesidad a quienes no han pagado una contribución en su vida activa y que se encuentran en extrema necesidad (pensiones no contributivas).
La función social de las pensiones es que después de una prolongada vida laboral las personas puedan disfrutar en sus últimos años de vida no activa, de una merecida seguridad de ingresos, pero nunca que se pueda vivir de una manera lujosa a costa de las pensiones públicas. Por eso, en los países con pensiones justas las mismas no son muy elevadas.
Se presupone que uno durante su vida laboral ha pagado la hipoteca de su casa, ha sufragado parte de los estudios de sus hijos, ha ahorrado durante décadas aunque sea sustrayendo al consumo ostentoso e incluso al consumo imprescindible, una parte, pensando en el futuro, siempre imprevisible, y por lo tanto, la pensión va a permitir simplemente llevar una vida digna, de acuerdo a un estilo de vida frugal, ya que las personas a cierta edad no requieren de gastos excesivos. Y si desean esa clase de vida para ello habrán realizado negocios, fundado sus propias empresas, arriesgado su capital, o ahorrado en fondos privados de pensiones.
La función de la pensión pública no es propiciar una vida de pachá. Una excepción de ello sólo la encontramos en las organizaciones internacionales en las cuales, sea la ONU, la Comisión Europea, o las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, las pensiones son muy generosas. La justificación es el desarraigo que sufren los funcionarios internacionales, teniendo que vivir fuera de sus países de origen, por ello sus sueldos suelen ser muy elevados, pero a mi entender eso no debería hacerse extensivo a las pensiones, ya que por precisamente haber tenido sueldos muy elevados durante su vida laboral esto les da la ocasión de hacer ahorros sustantivos para el tiempo de la vejez o de jubilación.
Así pues, en un país, la República Dominicana, donde más del 80% de los asalariados incluyendo tanto a los del sector público como a los del privado, no superan de salario los 20 mil pesos mensuales (unos 393 euros o 512 dólares mensuales), que unos señores prevaliéndose de su poder e influencia política, y aunque sea utilizando “las normas vigentes”, digamos por caso, en el Banco Central, el Banco de Reservas, la Superintendencia de Bancos, etc. etc., se jubilen con pensiones de países superdesarrollados o con pensiones de igual o superior montante que la de los funcionarios de la UE, la ONU o el Banco Mundial, es una muestra del profundo desprecio y la insensibilidad social existente en este país, por parte de un sector de la clase política y funcionarial de “élite”.
Esa brecha que se percibe a diario se hace más grosera y despiadada cuando incluso en el momento de dejar una función lo quieren hacer llevándose consigo todos sus privilegios y canonjías. Cargando los contribuyentes con el pesado fardo de su vida suntuaria, que se traduce en alzas de impuestos para seguir sosteniendo los estilos de vida de esa clase parasitaria del Estado.
Por menos de eso, en sentido relativo, están en Najayo purgando 10 años de cárcel Ramoncito Báez y otros, que hicieron lo que hicieron sin que pensaran en ningún momento que los ciudadanos íbamos a pagarles de por vida sus lujos a costa de nuestros sacrificios, como lo hacen, sin ningún escrúpulo ni pudor, estos políticos desalmados
No hay comentarios:
Publicar un comentario